BRASILIA, 3 sep (Xinhua) -- El gobierno de Brasil envió hoy jueves al Congreso un proyecto de reforma administrativa que abarca a los futuros funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Unión, los estados y los municipios, sin afectar a los empleados públicos en actividad.
El texto no se aplica a los congresistas, magistrados y fiscales, por tratarse de miembros de los poderes con reglas diferentes a las de los empleados comunes, como tampoco a los militares.
La reforma administrativa fue enviada al Congreso como propuesta de enmienda de la Constitución (PEC), por lo que precisa ser aprobada en dos rondas de votación en la Cámara de Diputados y el Senado.
Los detalles de la reforma fueron presentados en conferencia de prensa por Gleisson Rubin, subsecretario de Desburocratización del Ministerio de Economía.
"En el Poder Judicial, los miembros del poder son los que componen la magistratura, jueces, magistrados, miembros de los tribunales superiores. En el Ministerio Público, son los fiscales. En el Legislativo, son los parlamentarios. Estos son miembros de poderes que se rigen por su propio estatuto", explicó.
"Lo que se presenta en la propuesta es lo que se aplica a los empledos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Unión, los estados y los municipios", dijo.
Según Rubin, la reforma no se aplica a los miembros de otros poderes porque las reglas, en estos casos, no pueden ser definidas por el gobierno federal.
"No se extiende a los miembros de otros poderes porque el jefe del Poder Ejecutivo no puede proponer normas organizativas de otros poderes. Los magistrados, los parlamentarios, no están en el ámbito de la propuesta que traemos aquí. Su eventual inclusión depende de que cada poder haga una propuesta, o de que nuestra propuesta se amplíe. Esta es una decisión del Congreso Nacional", se?aló.
El equipo económico encabezado por el ministro Paulo Guedes considera a la reforma una medida esencial para modernizar la maquinaria pública y reducir el gasto.
Por la propuesta enviada al Congreso, sólo se mantendrá la estabilidad laboral de empleados de las llamadas carreras típicas del Estado, aquellas que existen apenas en la administración pública, como las de auditores de la Secretaría de Ingresos Federales (Receita Federal), diplomáticos y técnicos del Banco Central.
Posteriormente se deberá enviar una ley para detallar cuáles serán las carreras que mantendrán la estabilidad.
El texto propone también que el presidente de la República pueda extinguir órganos públicos por decreto, algo que actualmente sólo puede ser realizado con la aprobación de un proyecto de ley.
(Web editor: 周雨, 趙健)